Desahuciados, ciudadanos y universidad o de cómo la pasividad colabora activamente con la injusticia 

Jorge Fernández Morales

Últimamente casi nadie se asombra cuando hablamos de gente expulsada de sus casas. Puede que, si acaso, alguien todavía se sorprenda al descubrir con espanto que desde el 1 de abril al 30 de Junio de 2012 se han ejecutado 47.943 hipotecas según datos del Consejo General del Poder Judicial.

Exactamente una media de 526 familias son desalojadas de sus viviendas todos los días por bancos, banqueros, policías, jueces y un sistema jurídico incapaz de responder con la cerrilidad necesaria a la realidad social. Pero por lo demás, el desahucio es una palabra que suena familiar en nuestros oídos. Es lógico. 526 familias que pierden sus casas a diario en nombre de los grandes propietarios hace difícil ocultar lo que ocurre. ¡47.943 hipotecas! 47.943 locales y casas arrebatados por la codicia.

Es apabullante, pero solo es un número. Impersonal, abstracto, frío. La semana pasada, el trágico suicidio de un hombre a punto de ser desahuciado puso rostro a la tragedia, jalonando las abultadas cifras. Una vez superada la cólera generada por el impacto de la noticia, las hipotecas ejecutadas vuelven a ser un número. Un ciudadano de a pie lee, analiza y tras suspirar pasa a la siguiente página del periódico.

Es una estrategia de supervivencia. Cualquiera que siga la actualidad política y económica debe aprender a convivir con terribles realidades sino quiere volverse loco. Pero la cosa cambia cuando se vive de cerca. Cuando una de esas 500 familias lo pierde todo en tu pueblo, en tu misma calle, en tu acera, en tu portal. Entonces la indiferencia es intolerable. Cuando la noticia deja de convertirse en noticia para formar parte de la cotidianeidad habitual de nuestras vidas, cuando abandona los titulares para afectar a un vecino, a un amigo, o al tipo con el que te cruzas todas las mañana de camino al trabajo, entonces, el silencio se vuelve más que nunca cómplice y nuestra pasividad colabora activamente con la injusticia.

Pues bien, precisamente eso mismo ocurre en nuestra apacible y tranquila ciudad. Mientras el paro arrasa y se pauperizan nuestras vidas a base de recortes, reina la normalidad. Somos un pueblo pacífico, un pueblo sacrificado.

Pero diantres, todo tiene un límite. Entiendo que supiéramos privarnos de lujos que nos son tales, que mientras crecía la cola del paro tuviéramos paciencia. Entiendo que cuando se nos expulsaba de servicios sociales básicos aguantáramos estoicamente. Pero no puedo asimilar que sigamos callando cuando vemos a los hijos de nuestros vecinos siendo arrebatados por los servicios sociales de las manos de sus padres porque ya no pueden pagar una casa.

Se les niega un derecho, el de vivienda, que debería ser inalienable, intrínseco a la dignidad de la mujer y el hombre, un derecho, que no lo olvidemos, está reconocido en el art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un derecho que nuestro país se ha comprometido a respetar en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aún más, ¡un derecho que forma parte de los principios rectores de la política social y económica que impone nuestra Constitución! Papel mojado. Prima el principio de autonomía de la voluntad contractual y el de seguridad jurídica aunque el conflicto transcienda de forma evidente el ámbito privado y afecte a otros principios constitucionales como el de estado social y democrático de derecho, igualdad o justicia.

Pero no soy ningún ingenuo. No albergo esperanza alguna en el gobierno o en el legislador secuestrado. No escribo esto para reprocharles a ellos lo que ya es evidente ante los ojos de todo el mundo. El gobierno hace exactamente lo que se espera que haga el gobierno. ¿Pero y nosotros, la sociedad civil? ¿Estamos haciendo lo que se espera de nosotros? Los burócratas de los ministerios de justicia o de interior no pueden compadecerse de la mujer de 80 años que vivía en el 5ºD. ¿Podemos nosotros ignorarla? En otros lugares, menos leales a la vida contemplativa, ya hace tiempo se pusieron en marcha plataformas de afectados por la hipoteca, colectivos de ciudadanos que se organizan y luchan. Y lo consiguen. Evitan desahucios, renegocian deudas, asesoran a las víctimas y forman redes de apoyo mutuo. Aquí de momento ha sido un sueño imposible, es hora de reaccionar.

¿Pero quién debe hacerlo? La respuesta obvia es todos. La ciudadanía en su conjunto es necesaria para parar el desastre. No dudo de la buena disposición de los movimientos sociales y de su fuerte compromiso. Eso es lo único que está garantizado. Ojalá fuera suficiente, pero por desgracia no lo es. Y en ese sentido unos somos más responsables que otros. Aquellos que tenemos el privilegio de acceder a herramientas que otros no tienen también tenemos una especial responsabilidad.

Es el momento de que la universidad abandone de una vez por todas su torre de marfil a medio derrumbar. El momento de salir del campus recortado y comprometerse con la ciudad, con los hombres y mujeres que son sus vecinos. Ahora que en sus entrañas sufre la injusticia de los recortes, la universidad tiene más que nunca motivos para la solidaridad, tiene el deber de poner al servicio de un pueblo que sufre su conocimiento. Compañeros y compañeras juristas, profesores y alumnos, ¿Acaso no es hora de redoblar nuestros esfuerzos? ¿Acaso no es el momento de devolver a la sociedad el privilegio que nos ofreció al brindarnos una universidad pública? ¿Es ético permitir que sigan echando a la gente de sus casas sin un buen asesoramiento jurídico? ¿Podemos ignorar el hecho de que tenemos las herramientas para impedirlo?

La movilización es imprescindible. Que los afectados se organicen y luchen también. Pero si nosotros no ponemos a su disposición las herramientas teóricas y prácticas de las que disponemos, están perdidos. Nuestros vecinos nos necesitan. Nuestros amigos, compañeros y conocidos nos lo imploran. Reacciona.

Reflexión sobre la crisis de la Democracia

Ingobernabilidad, privatización de lo público, invisibilización del poder; esto son los tres defectos que, según Norberto Bobbio, pueden acabar con la democracia tal y como la conocemos en la actualidad.

El papel del Estado en la democratización de nuestra sociedad es fundamental. Hobbes configura al Estado Moderno como la sustitución de la pluralidad de los poderes de los individuos por la unidad del poder común, el monopolio de la fuerza para salvaguardar la "paz social". Con las revoluciones liberales ese poder omnipotente que era el Estado sufrió una progresiva limitación, el Estado en Hans Kelsen establecía quién está autorizado a ejercer la fuerza, cuándo; a través de qué procedimientos y en qué medida, lo que tiene como consecuencia que deba haber una determinada proporción entre culpa y castigo.

Con esas premisas nace el Estado Democrático y de Derecho, que sirve de base para que en cada conflicto el vencedor no sea quien tenga más fuerza física (El que venza) sino más fuerza persuasiva (El que convenza). Con la fuerza de la persuasión las demandas sociales consiguen inocular en el Estado cierta sensibilidad social, es así como en los años de posguerra se consigue regular determinadas parcelas de la Sociedad en las que predominaba la fuerza del poder privado.

Sin embargo con las reformas neoliberales aplicadas en los últimos meses la finalidad social del Estado se difumina, devolviendo al poder privado la fuerza perdida (las ultimas reformas laborales) y haciendo perder la paciencia de la clase trabajadora. En estos tiempos la pérdida de paciencia de las clases populares es proporcional al endurecimiento de la acción represiva del Estado (La nueva reforma del Código Penal va en ese sentido).

Cuando las demandas sociales se multiplican y el Estado no sabe dar respuestas es porque ese Estado es ingobernable. En dicha situación los gobernantes deciden entre aceptar el reto y dar respuestas a dichas demandas (Estado Democrático) o reducir las demandas sociales a golpe de porra (Autocracia).

Otro rasgo de la crisis de la democracia es la privatización de lo publico. El aumento del poder de algunos individuos en detrimento del Estado y Sociedad Civil provoca la incapacidad de decisión de estos dos últimos en ámbitos como el económico y social, esto produce apatía en la Sociedad que ve cómo la actual Democracia Representativa no satisface correctamente sus aspiraciones personales.

Las decisiones políticas que toma el Estado están influidas por poderes abstractos e invisibles, la voluntad del Estado Español está condicionada por los especuladores que adquieren nuestros Bonos y Letras, el poder invisible de los agentes privados domina al poder público de los representantes políticos. A pesar de la cantidad de reformas que ha producido el nuevo Gobierno el presidente ha dejado de acudir a explicarlas al Parlamento. La labor de comunicación y opinión es conferida a los medios de comunicación que, salvo honrosas excepciones, se encargan de divulgar el pensamiento de quien les financia.

En la actualidad el Estado no cumple sus funciones, es ingobernable. Debemos hacerlo gobernable materializando las demandas sociales.

En la actualidad vivimos una privatización de lo público. Volvamos a la publicización de lo privado, que los poderes del Estado, Sociedad y Mercado se equilibren, que las grandes cuestiones sociales se regulen por los agentes sociales y no por los agentes privados..

En la actualidad las reformas que nos afectan proceden implícitamente de un poder invisible, hagamos visible dicho poder; que el poder político vuelva a crear su propia voluntad, que informe y ponga a escrutinio público las decisiones que considere oportunas.

En función de cómo respondamos a estos tres retos nuestra democracia saldrá fortalecida o debilitada, hoy no podemos saber qué pasará en el futuro pero si tenemos la posibilidad de cambiar dicho futuro.

Fuente: Crisis de la Democracia, N Bobbio, G Pontara, S.Veca, Ariel, 1985

Cosa Nostra

A veces es el mismísimo Al Capone el que telefonea a su homólogo en el Gobierno para exigirle que destituya a un grupo de inspectores de Hacienda.

JUAN JOSÉ MILLÁS 6 ABR 2012 - 00:00 CET

La colaboración entre las mafias y el Estado comienza a ser tan estrecha que no sabe uno dónde terminan aquéllas y comienza éste. Llega el crimen organizado y le dice al Estado: “Quítame de encima a este juez que no hace más que tocarme los cojones”. Y el Estado va y se lo quita, hoy por ti, mañana por mí. A la semana siguiente vuelve la mafia y dice: “Fulmina a esta cúpula policial, que ha tenido los huevos de investigarme”. Y el Estado liquida a la cúpula policial para que la bofia tome nota de lo que se puede y de lo que no se puede perseguir. A veces es el mismísimo Al Capone el que telefonea a su homólogo en el Gobierno para exigirle que destituya a un grupo de inspectores de Hacienda que ha osado meter las narices en sus negocios. “Ningún problema”, le responde el homólogo estatal mientras firma el cese de los presuntos implicados.

Pero no han transcurrido ni cien días de todo lo anterior, cuando el jefe de mantenimiento de la mafia se da cuenta de que tiene los sótanos repletos de billetes de 500 euros, con los consiguientes gastos de almacenaje. “Oye”, le dice a su contacto en el Gobierno, “necesitaría blanquear unos 25.000 millones porque se me sale la pasta por las costuras”. “Me viene de perlas”, le responde el contacto gubernamental, “estáis indultados de antemano a cambio de una comisión del 10%”. Y ahí tenemos 25.000 millones, procedentes de la trata de blancas o del tráfico de armas, entrando en el torrente sanguíneo del cuerpo social con todas las bendiciones de los ministerios de Economía y Hacienda. Claro que como necesitamos aparentar que somos gente de orden, endurecemos al mismo tiempo el código penal para los delitos menores, prohibimos el aborto y penalizamos la píldora del día después. Creíamos que solo nos daba órdenes el Tercer Reich, pero la Cosa Nostra aprieta también lo suyo.

Fuente: El País

La Reforma Laboral 2012; El Debate en la UCLM

Conscientes de la problemática que acarrea la nueva reforma laboral, desde el grupo universitario de Crítica Jurídica de Ciudad Real decidimos realizar una charla para informar de las innovaciones que plantea dicha reforma.

Para la ocasión invitamos a 3 doctores de la UCLM; El profesor de Derecho del Trabajo Don Francisco Trillo, el profesor de Sociología Don Jorge García y el profesor de Derecho Procesal Laboral Don Cesáreo Duro, los cuales nos aportaron su visión de esta nueva reforma.

Estas reformas laborales se enmarcan en una época de crisis por la que el legislador busca recuperar la confianza de los mercados. Estas políticas que quieren frenar la crisis provocan una crisis aún mayor en el procedimiento legislativo-democrático; al vaciar de contenido el Parlamento en favor del Ejecutivo, a través del Decreto-Ley.

Desde el Gobierno actual se incide en que esta reforma va a crear empleo, sin embargo expertos y premios nobeles heterodoxos nos demuestran que ninguna reforma laboral crea empleo, es decir, que son las condiciones macroeconómicas (inflación, demanda, crecimiento..) las que crean o destruyen empleo y que con políticas de austeridad dicha recuperación de empleo se ve cada día más lejana.

Estos son los puntos a destacar de la Ley 3/2012:

1. La intermediación laboral en favor de las Agencias privadas de empleo, que obtienen de esta forma la capacidad de selección del trabajador por sus características personales (no laborales). De esta manera el artículo 14 de la Constitución, que habla de la imposibilidad de discriminar por razón de raza, clase, género, queda en papel mojado
2. Mayor facilidad para los despidos colectivos. A falta de acuerdo entre empresario-sindicatos decide el empresario. Un duro golpe para la capacidad de negociación de la clase trabajadora.
3. Creación del Contrato de Trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, por el que se aumenta el período de pruebas del becario a un año, año en el que podrá ser despedido sin ninguna justificación. La mayoría de los que tenemos 30 años entraremos al mercado laboral con uno de estos "fabulosos" contratos, salvo que la tasa de paro sea menor del 15%, cosa harto improbable.
4. Se permite el encadenamiento de contratos temporales.
5. El despido se abarata; la indemnización del despido improcedente pasa de 45 días por año de trabajo a 33 días, y además las mensualidades en las que se podrá obtener dicha indemnización pasan de 42 a 24, todo un juego de números para confundir del Gobierno para confundir a la sociedad.
6. Se crea la figura del Despido por absentismo: Si el trabajador falta 9 días a su puesto de trabajo durante 2 meses (por cualquier causa) podrá ser despedido, esto supone un mazazo para la calidad de vida del trabajador.
7. Se abre la entrada al deterioro de los servicios públicos con la facilitación del despido del personal laboral público. Si un ente público cosecha un déficit durante 3 meses podrá abrir Expedientes de Regulación de Empleo en la función pública, es curioso saber que la calificación de déficit la marcan los Parlamentos (Nacionales, Regionales o entes locales en su caso) por lo que la destrucción de lo público tendrá un marcado cariz político y arbitrario.

En definitiva esta reforma laboral supone un gran paso adelante en la tendencia desregularizadora del entorno laboral y un duro golpe al Derecho del Trabajo, que tiene su razón de ser en la creación de relaciones simétricas entre el trabajador y el patrón. Gracias al Estado Social esa simetría se institucionalizó generando cierto progreso social, sin embargo la patronal y su soporte ideológico, el neoliberalismo, se han encargado de romper dicha simetría embarcando a toda Europa en un proceso regresivo que nos conduce al Estado Liberal de las desigualdades y las prisiones.

El Grupo Crítica Jurídica nace en la Universidad

El Grupo Universitario de Crítica Jurídica ha sido fundado como respuesta a una necesidad que se venía observando en nuestra ciudad y sobre todo en el entorno universitario, la necesidad de visibilizar la realidad crítica de nuestra sociedad desde un punto de vista jurídico e implicarnos en los cambios tanto políticos como sociales que marcan el panorama actual.

Esto se pretende lograr a través de dos vías:

• El primero de ellos es realizar cursos, seminarios sobre problemas presentes, con la intención de formarnos en los distintos aspectos que conforman la realidad social de nuestro entorno más cercano y lejano.
• El segundo es dar cobertura jurídica a los particulares y movimientos sociales desprotegidos.

Este grupo nace con la ambición de lograr en la medida de sus posibilidades dichos objetivos, esperamos aportar nuestro granito de arena en la tan necesaria reflexión y concienciación social.